La Asamblea destinó en 2017 el 76% de su presupuesto en personal.

La Asamblea destinó en 2017 el 76% de su presupuesto en personal. El porcentaje restante, equivalente a USD 14.34 millones, se destinó a gastos en bienes y servicios, y obras públicas, es decir, a compras a proveedores del Estado. 

Según el Presupuesto de la Asamblea, con corte a noviembre de 2017, el principal gasto dentro de este grupo es el que corresponde a  los gastos de residencia que se paga para los asambleístas y los funcionarios de más alto nivel de la Asamblea. Le siguen el rubro “pasajes al interior”, que reporta un gasto de USD 904 mil dólares, en el que se incluyen los 52 pasajes de ida y vuelta anuales a los que tienen derecho los legisladores que viven fuera de Quito. El servicio de aseo está en el tercer lugar con un total de USD 895 mil hasta ese mes. 

Durante 2017, la Asamblea concretó 48 procesos de adquisición de bienes y servicios a través del portal “Compras Públicas”, que suman USD 4.09 millones. Según el reporte de ese portal, el principal contratista es la Corporación Nacional de Comunicaciones (CNT), a quien se le adjudicaron dos contratos para la provisión de los servicios de telefonía móvil e internet, por USD 827.904,30. 

El primer contrato se hizo en marzo del 2017, es decir, cuando Gabriela Rivadeneira aún estaba al frente de esa institución. Allí se contrató el servicio de internet y enlace de datos para el Palacio Legislativo y los otros edificios de la Asamblea hasta diciembre del 2017. El segundo contrato, firmado en junio del 2017, cuando José Serrano ya estaba al frente de esta institución, incluye el servicio de telefonía e internet para los asambleístas y principales autoridades. Además de teléfonos celulares nuevos. 

Un total de 140 funcionarios de la Asamblea recibieron teléfonos Samsung Galaxy S8 (con un precio comercial promedio superior a los USD 1000): los 137 asambleístas, la secretaria general, el prosecretario y el administrador general. Además, el contrato cubre el servicio de telefonía celular a 161 funcionarios, y el de internet móvil para 159 ipads de asambleístas y funcionarios. El presidente de la Asamblea y los dos vicepresidentes también reciben el servicio de número privado. Según los pliegos que constan en el proceso en Compras Públicas, estos son los detalles de los planes que recibieron de CNT. El presidente de la Asamblea recibe el plan más alto que consta en el gráfico. 

La constructora Jácome-Lovato es el siguiente mayor contratista de la Asamblea. Tiene un contrato para la reparación de los salones del ex Palacio de Justicia por USD 558 mil. 

La firma Publiaxion tiene el tercer proceso más alto, para la publicidad de la Asamblea y difusión de las leyes aprobadas por un valor total de USD 399 mil. Este contrato contempla la elaboración de un plan de medios que incluye la difusión de dos spots de televisión de 45 segundos, en español y en kichwa cada uno; tres cuñas de radio de 45 segundos, en español y en kichwa cada una, y el diseño de un banner animado. 

La remodelación del Palacio de Justicia 

En noviembre de 2011, la Asamblea adquirió el edificio del antiguo Palacio de Justicia, ubicado al lado del Palacio Legislativo. La compra se concretó por USD 4.24 millones. Un año después, los juzgados de primer nivel que funcionaban allí se mudaron a diferentes edificios en varios sectores de la ciudad. El Consejo de la Judicatura llegó a arrendar 17 edificios en Quito y sus alrededores para que funcionen los juzgados. 

Mientras tanto, la Asamblea comenzó con el derrocamiento del Palacio de Justicia. El proyecto uniría, a través de un corredor peatonal, el parque El Ejido con La Alameda. También, incluía la construcción de dos bloques de parqueaderos, dos plazas y un edificio de oficinas para que los legisladores no estuvieran dispersos, pues solo 34 tienen oficinas en el Palacio Legislativo. En ese entonces, la mayoría de legisladores tenían sus oficinas en otros edificios: el Alameda II y el Dinadep, ubicados a pocas cuadras de la Asamblea. 

Pero cinco años después, la mayoría de legisladores siguen dispersos en los dos edificios. Según la planificación, el proyecto estaría listo en 2013. Los primeros años, el avance de la obra fue lento por problemas en los estudios. En 2015, durante la administración de Gabriela Rivadeneira se firmaron contratos complementarios y se fijó un nuevo plazo para terminar la obra: diciembre del 2016. Pero la obra quedó paralizada por falta de recursos y ese plazo tampoco se cumplió. 

En 2017, ya en la administración de José Serrano, se anunció un nuevo estudio para reducir costos en un 30% y concretar la construcción de las oficinas para los legisladores. 

En este marco, en noviembre pasado se firmó el contrato con la constructora Jácome-Lovato para la reparación de los salones del ex Palacio de Justicia por USD 558 mil. Recién en 2017, seis años después de adquirido el inmueble, se analizó que era mejor no derrocarlo por completo. 

Como se señala en los pliegos del proceso, de los tres bloques que pertenecían al Palacio de Justicia, uno no fue derrocado para “optimizar recursos”; y ahora se busca remodelarlo ya que el Salón Mejía Lequerica de la Asamblea (ex salón del Senado) no da abasto a eventos grandes y la Legislatura no tiene otro espacio así. 

Las compras de ínfima cuantía

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública la contratación de bienes y servicios normalizados, puede hacerse a través de los denominados procedimientos de ínfima cuantía por un valor igual o menor de USD 5.967,02, en 2017. Bajo esta modalidad se puede contratar sin realizar todo el proceso de licitación. De esta forma, se realizaron 226 contratos que suman aproximadamente un total de USD 306 mil. Entre estos procesos se encuentran, por ejemplo, la compra de materiales de oficina o de botellones de agua. Pero también se encuentran otro tipo de servicios. 

El proveedor con más facturas es José Raúl Villafuerte Trujillo, con 46 procesos para el mantenimiento de los vehículos de la Asamblea, que suman USD 4.626. Todos los demás contratistas tienen menos de 10 adjudicaciones. 

Entre estas contrataciones, se encuentra una factura del exclusivo restaurante Pavarotti por USD 5.274. La contratación se hizo para el servicio de catering del almuerzo con el Cuerpo Diplomático que se brindó el 21 de junio de 2017 en las instalaciones de la Asamblea. 

También se compraron las banderas de todas las provincias del país en dos ocasiones. En julio, por USD 4.731 (USD 197 por bandera), y en septiembre, por USD 4.446 (USD 185 por bandera). Las compras se hicieron con dos proveedores diferentes. 

Otro de los procesos de ínfima cuantía más altos es la “adquisición de manos libres de dos hilos para las motorolas de la seguridad del Presidente de la AN", que costaron USD 5.961; la compra de “medallas, escarapelas y estuches para condecoraciones”, por USD 4.340; la “adquisición de carpetas porta acuerdos forradas con cuerina para la Secretaría General, por USD 4.338; o la “publicación de prensa de arriendos de las Casas de la Asamblea Nacional y parqueaderos del edificio Dinadep”, por USD 5.040.

Lea el informe completo publicado en Plan V aquí.