La seguridad ciudadana constituye hoy uno de los mayores desafíos para el Estado y, en particular, para los gobiernos locales de Ecuador. Quito, Guayaquil y Cuenca, como las tres urbes más grandes del país, concentran no solo la mayor densidad poblacional, sino también los problemas más visibles vinculados a la violencia, el crimen organizado y la conflictividad social. Estas ciudades se han convertido en escenarios donde la percepción de inseguridad se entrelaza con la vida cotidiana de millones de personas, al punto de condicionar sus rutinas, sus decisiones de movilidad e incluso la confianza en las instituciones públicas. En este contexto, la inversión pública en seguridad se presenta como un indicador clave para comprender no sólo los esfuerzos de los municipios, sino también la capacidad real de respuesta frente a una crisis que desborda la gestión tradicional.

Introducción

El análisis de los presupuestos destinados a seguridad ciudadana en estas ciudades permite observar un fenómeno complejo. Por un lado, existe la voluntad política de asignar montos considerables que buscan fortalecer la infraestructura, las capacidades humanas y los programas de prevención. En 2025, Quito, Guayaquil y Cuenca planificaron un gasto conjunto que supera los 121 millones de dólares, una cifra que revela la importancia del tema en la agenda pública. Sin embargo, al revisar el nivel de ejecución de estos fondos, se evidencia un desfase preocupante entre lo proyectado y lo efectivamente implementado. Hasta octubre, menos del 55% de los recursos habían sido utilizados, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia administrativa y la pertinencia de los mecanismos de gestión empleados.

Esta realidad adquiere especial relevancia si se considera que la seguridad no es un concepto abstracto, sino una dimensión que impacta de manera directa en el bienestar ciudadano. La ejecución lenta o incompleta de los presupuestos significa que proyectos como la instalación de cámaras, la mejora de sistemas de alarma comunitaria, el equipamiento tecnológico o la consolidación de programas de prevención no se materializan con la urgencia que demanda la crisis. La ciudadanía, al no ver traducidas en hechos concretos las promesas, refuerza la percepción de ineficiencia institucional, lo que alimenta la desconfianza y, en algunos casos, la desafección hacia los gobiernos locales.

Además, el análisis de los datos muestra que la mayor parte de los recursos se orienta a gasto corriente, especialmente a remuneraciones de personal, en lugar de dirigirse a inversión estratégica de largo plazo. Esto refleja una tendencia en la gestión pública municipal que privilegia la sostenibilidad operativa inmediata, pero que posterga las transformaciones estructurales necesarias para abordar de forma preventiva fenómenos cada vez más complejos, como el crecimiento del crimen organizado, la expansión del microtráfico o la consolidación de economías ilícitas en los barrios. En este sentido, el presupuesto se convierte en un espejo de prioridades, pero también de limitaciones, pues revela la tensión entre lo urgente y lo importante.

Este informe propone una lectura crítica de la ejecución presupuestaria en las tres principales ciudades del país, bajo la premisa de que las cifras financieras no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para entender la calidad de la gestión pública en seguridad. A partir de la comparación entre Quito, Guayaquil y Cuenca, se pretende evidenciar patrones comunes, contrastes en el manejo de recursos y, sobre todo, las implicaciones que esta dinámica tiene para la ciudadanía. El objetivo es aportar insumos que permitan fortalecer la toma de decisiones, incentivar la transparencia y abrir un debate informado sobre el papel de los gobiernos locales en la construcción de entornos más seguros.

Marco normativo

El Estado, a través del gobierno central, tiene la responsabilidad de salvaguardar la seguridad integral para todos los ciudadanos, […] garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. En el marco de la seguridad, tienen las siguientes funciones: […] coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación técnica profesional del ente rector de la seguridad ciudadana y orden público, y de la Policía Nacional, con los aportes de la comunidad, organizaciones barriales, la academia y otros organismos relacionados con la seguridad ciudadana, para formular la planificación de la política local, su ejecución y evaluación de resultados, sobre la acción preventiva, protección, seguridad y convivencia ciudadana (COOTAD, 2018).

Por otro lado, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público regula la rectoría, organización, actividades, competencias, gestión de personal, régimen disciplinario de las entidades de carácter civil, profesional, técnica, jerarquizada, disciplinadas y especializadas para garantizar la seguridad ciudadana (COESCOP, 2017).

Finalmente, la Ley de Seguridad Pública y del Estado regula la seguridad integral del Estado, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2023).

Seguridad ciudadana en la mira: millones de dólares para proteger a Quito, Guayaquil y Cuenca se gastan a paso lento 

El análisis de los datos disponibles revela grandes diferencias en los presupuestos y una ejecución del 53% en las principales ciudades del país a octubre de 2025, en medio de una creciente percepción de inseguridad ciudadana.

Las tres ciudades más grandes del país —Quito, Guayaquil y Cuenca— han planificado gastar más de 121 millones de dólares para mejorar la seguridad en 2025. Sin embargo, el nivel de ejecución de estos recursos es limitado, pues hasta octubre de 2025, las entidades de seguridad municipales han utilizado 64,6 millones de dólares, lo que abre interrogantes sobre la eficiencia en la gestión y el alcance de los resultados esperados.

La información proviene de los informes de ejecución presupuestaria de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana. En Quito, corresponden a la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad (EP EMSEGURIDAD), la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. En Guayaquil, a la Empresa Pública Municipal SEGURA EP, y en Cuenca, al Consejo de Seguridad Ciudadana y a la Guardia Ciudadana.

Guayaquil lidera por un amplio margen la asignación de recursos con un presupuesto de USD 85,4 millones de dólares, de los cuales ha ejecutado un 55,91%. Le sigue Quito, con USD 25,8 millones y una ejecución de 44,84%. Finalmente, Cuenca, sumando sus dos organismos, maneja USD 9,7 millones y presenta una ejecución combinada del 53,7%.


 

Hallazgos clave: inversión a paso lento

El análisis de los presupuestos de seguridad ciudadana en Quito, Guayaquil y Cuenca evidencia que, pese a la asignación de recursos a inversión, gran parte de estos fondos no se materializan. 

En Quito, por ejemplo, la EP EMSEGURIDAD cuenta con un presupuesto de USD 21,6 millones. Su ejecución en las principales categorías de inversión es la siguiente: bienes y servicios para inversión con un 34% (USD 3,1 millones), obras públicas con un 47% (USD 2 millones) y bienes de larga duración con un 19% (USD 827 mil). Dentro de estas, partidas como  "Vehículos" llega a un 16% de los USD 2,9 millones planificados. En contraste, en los gastos corrientes, el rubro de egresos en personal ya alcanza un 80% de ejecución, es decir, unos USD 1,3 millones.

En Guayaquil, la Empresa Pública Municipal Segura EP, a pesar de contar con el presupuesto más alto y un porcentaje de ejecución superior, repite la misma tendencia. La categoría de servicios generales registra un 9,5% de ejecución (USD 1,9 millones), dentro de esta encontramos la partida “Servicio de seguridad y vigilancia” por más de USD 25 millones, hasta octubre este servicio se ha ejecutado un 7,5%. Mientras tanto, el gasto en remuneraciones ya llega al 80%, lo que representa un desembolso de USD 24 millones. Es decir, aunque avanza el gasto corriente, la inversión en servicios estratégicos de vigilancia permanece estancada.

En Cuenca, la Guardia Ciudadana presenta una ejecución del 74,7% de un presupuesto de USD 5,2 millones, impulsada principalmente por los egresos en personal, que alcanzan una ejecución de 79,6% de USD 4,4 millones. Finalmente, el Consejo de Seguridad Ciudadana evidenció un 24% de ejecución en inversión (USD 761 mil) y un 41% en gasto corriente (USD 607 mil). 

Implicaciones para la ciudadanía

La ejecución presupuestaria no es solo una cifra vacía. Tiene consecuencias directas en la vida de las personas. En el ámbito de la seguridad ciudadana, una ejecución inadecuada podría significar que cámaras, alarmas comunitarias y programas de prevención prometidos no se implementan al ritmo que la crisis de seguridad demanda.

La lentitud en el gasto público puede deberse a múltiples factores, desde la complejidad de los procesos de contratación pública hasta una posible falta de planificación, capacidad de gestión o falta de recursos. Sin embargo, el resultado es el mismo, la no ejecución o retraso de los fondos se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta municipal frente a las necesidades sociales.

Conclusiones

• El análisis de los presupuestos de seguridad en Quito, Guayaquil y Cuenca confirma la existencia de una brecha significativa entre la planificación y la ejecución. A pesar de los montos considerables asignados, menos del 55% de los recursos habían sido efectivamente utilizados casi al finalizar el ejercicio fiscal. Esta situación refleja no solo dificultades administrativas, sino también una limitada capacidad de los gobiernos locales para traducir las asignaciones financieras en resultados concretos y tangibles para la ciudadanía.
• Un hallazgo transversal es el predominio del gasto corriente sobre la inversión en infraestructura, tecnología y programas de prevención. El hecho de que buena parte de los recursos se destine a remuneraciones y sostenimiento operativo muestra una gestión orientada a lo inmediato, pero insuficiente para generar cambios estructurales en el mediano y largo plazo. Esta tendencia pone en riesgo la efectividad de las políticas locales de seguridad, pues se limita a sostener la operatividad básica sin fortalecer capacidades estratégicas.
• La lentitud en la ejecución presupuestaria no puede desvincularse de factores estructurales como la complejidad de los procesos de contratación pública, la burocracia interna y, en algunos casos, la ausencia de planificación técnica adecuada. Estos obstáculos, sin embargo, no pueden ser excusa para la inacción, ya que las consecuencias recaen directamente en la ciudadanía, que percibe un incumplimiento de promesas y una falta de respuesta frente a la creciente ola de inseguridad.
• La situación observada en las tres ciudades también revela la necesidad de repensar la coordinación interinstitucional y el rol de los consejos locales de seguridad. La seguridad es un ámbito multidimensional que requiere la articulación de gobiernos locales, Policía Nacional, sociedad civil y sector privado. Sin una coordinación efectiva y mecanismos claros de rendición de cuentas, los esfuerzos de inversión corren el riesgo de fragmentarse y perder impacto.
• Finalmente, el informe evidencia que el reto no es únicamente financiero, sino político e institucional. Destinar más recursos no garantiza por sí solo la mejora de la seguridad si no existen estrategias claras, prioridades definidas y voluntad de ejecutar con eficiencia. Los municipios enfrentan así el desafío de pasar de la asignación presupuestaria al cumplimiento efectivo, de la planificación a la acción, y de la promesa al resultado. Solo con un cambio en la cultura de gestión será posible responder a las demandas urgentes de la ciudadanía y recuperar la confianza en las instituciones locales como actores clave en la construcción de ciudades más seguras.

Recomendaciones

• Implementar mecanismos de seguimiento trimestral con indicadores de cumplimiento que permitan ajustar oportunamente la ejecución presupuestaria y garantizar resultados concretos para la ciudadanía.
• Rediseñar la estructura presupuestaria priorizando la inversión en infraestructura tecnológica, programas de prevención y capacitación.
• Fortalecer los Consejos de Seguridad Ciudadana mediante protocolos claros de articulación entre gobiernos locales, Policía Nacional, sociedad civil y sector privado, con énfasis en rendición de cuentas y transparencia.
• Establecer planes estratégicos de seguridad con metas medibles y plazos definidos, acompañados de auditorías externas que aseguren eficiencia, voluntad política y confianza ciudadana.