El Gobierno ecuatoriano ha ejecutado dos proyectos de reestructuración institucionales en los últimos siete años, pero estos planes de reajuste no necesariamente implican una reducción de los egresos en personal.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa inició la segunda reestructuración institucional del sector público de los últimos siete años. En la mira están al menos 20 entidades de la Función Ejecutiva, incluyendo la Vicepresidencia de la República. La gestión y roles de cada entidad al interior del Estado son analizados para determinar si deben ser fusionadas, absorbidas, reestructuradas o suprimidas. Al igual que en gobiernos anteriores, esta medida aspira reducir el tamaño del Estado y el gasto corriente, y optimizar su funcionamiento. Sin embargo, proyectos de reajuste similares se ejecutaron en el pasado sin mejoras visibles en la ejecución y buen uso de los recursos públicos.

La última reestructuración institucional se realizó durante el Gobierno de Lenin Moreno tras asumir la Presidencia en 2017. Él y su equipo recibieron una Función Ejecutiva compuesta por 135 entidades. Al cierre de ese mismo año, el desembolso por pagos de personal en el aparato estatal - incluyendo a todas las Funciones del Estado – sumó USD 9.139,6 millones, monto equivalente a un 25% del presupuesto general del Estado (USD 36.673,3 millones).

Después de la consulta popular de 2018, el Gobierno intervino 24 instituciones reduciendo a 111 el total de entidades de la Función Ejecutiva. Pese a esto, la Presidencia de la República no redujo su tamaño: Moreno recibió en 2017 una nómina de 527 funcionarios que un año después de la consulta popular creció a 748. Se incrementaron también los gastos en remuneraciones por USD 9,4 millones en 2019. A su salida en 2021, Moreno dejó la Presidencia con una nómina de 576 servidores públicos.



Asimismo, los egresos en personal de todo el aparato al cierre de 2020 sumaron USD 8.600 millones, equivalente al 26.8% del Presupuesto General de ese año (USD 32,080 millones). En 2021, los egresos en personal disminuyeron más de 3%, pero en años posteriores el gasto corriente por pago de remuneraciones y otros gastos derivados de la contratación de funcionarios fue aumentando.

En 2023, un 30% del Presupuesto General del Estado de 2023 se destinó al pago de nómina en el sector público. De USD 32.694,7 millones se usaron USD 9.738,6 millones para el pago de remuneraciones de todo el sector público, incluyendo a las cinco Funciones del Estado y otros gastos derivados de los egresos en personal, como el pago de sobresueldos, contratos ocasionales, encargos y subrogaciones, aportes patronales y fondos de reserva, entre otros.

En 2017, los egresos en personal sumaron USD 9.139,6 millones, monto equivalente a cerca del 25% del presupuesto estatal de ese año. Para 2023, los egresos en personal equivalen a cerca del 30% del PGE. El progresivo incremento anual de los egresos de personal en relación con el Presupuesto General del Estado pone en evidencia que la supresión y fusión de entidades en el marco de un plan de reestructuración institucional, no redujo el gasto corriente.



*Para la elaboración del presente informe no se empleó información del número total de servidores públicos en funciones, ya que el Gobierno carece de documentos públicos con cifras agregadas de todo el aparato estatal.

La reestructuración institucional post Gobierno del Encuentro

Al menos 20 instituciones adscritas al Ejecutivo podrían ser fusionadas, absorbidas, reestructuradas o suprimidas por decisión del gobierno de Daniel Noboa. Una de ellas es la Vicepresidencia de la República que ya redujo su presupuesto anual en los dos primeros meses desde el cambio de mando presidencial. De acuerdo con los documentos oficiales, la flamante vicepresidenta Verónica Abad recibió el cargo en noviembre de 2023 con una nómina de 112 funcionarios y esta cifra se redujo a 84, en enero siguiente. El presupuesto anual de la institución también se redujo de USD 3,1 millones en 2023, a USD 2,7 millones para 2024.

Por otro lado, están las otras 19 entidades gubernamentales bajo análisis que fueron confirmadas por el Ministerio de Trabajo al periódico digital Primicias. En este grupo están algunas tan antiguas como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, fundado en 1978 en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, o el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN, creado en 1970 por el gobierno de José María Velasco Ibarra. También hay otras relativamente nuevas, como la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición y la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador, cuya existencia se fundamenta en organizaciones previas como la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida y la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (Onade), respectivamente.

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación fue también presentada como una institución nueva en febrero de 2023, producto de los acuerdos generados en las mesas de diálogo que se instalaron tras el paro indígena de junio de 2022. Esta entidad reemplazó a la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe antes adscrita al Ministerio de Educación y será evaluada para decidir sobre su continuidad.

Una entidad cuya desaparición está asegurada para finales de abril de 2024 es la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, creada el 22 de agosto de 2022. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República publicado el 2 de enero de 2024, esta entidad “nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba”.

Otras entidades cuyo futuro es analizado son la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones (INSPI=; que, desde agosto de 2012, reemplazaron al Instituto Nacional Leopoldo Izquieta Pérez. La lista sigue e incluye a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.



El costo de la burocracia

El presupuesto anual asignado en 2023 para las 19 entidades antes mencionadas fue de USD 174,5 millones, según los registros del Ministerio de Economía y Finanzas. Este monto fue mayor en 2022, con un presupuesto superior a los USD 204 millones, pese a que en ese año la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador no figuraba dentro del Presupuesto General del Estado.

La carga del gasto en remuneraciones sobre el presupuesto anual de estas entidades aumentó de USD 70,5 millones a USD 73,3 millones, pasando del 35% al 42% en 2022 y 2023, respectivamente. Eso en términos generales, pues las tareas de cada entidad son diferentes y eso exige una distribución de recursos diferente para cada una; por ejemplo, en el ARCSA se destinó un 90% de su presupuesto para el pago de nómina, mientras en el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito, este gasto apenas representó un 2% anual.

Y es precisamente el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito la institución con el mayor presupuesto asignado en los últimos dos años. En 2022 contó con un presupuesto anual de USD 88,4 millones, de los que apenas un 1,3% se destinó al pago de personal. Ese año, la entidad registró una ejecución presupuestaria de gastos del muy cercano al 90%. Para el año siguiente, en 2023, se redujo su presupuesto en USD 63,5 millones y el gasto en personal subió en un punto. El último año, la entidad llegó a ejecutar el 97% de su presupuesto.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCA) maneja el segundo presupuesto más alto de la lista. USD 18 millones para 2022, de los que USD 14,7 se usaron para el pago de personal, equivalente al 82% del presupuesto anual. Para el año siguiente su presupuesto también se redujo a USD 17,7 millones y un 84% de ese dinero se usó para pagos de nómina. La ejecución presupuestaria de esta entidad fue del 99% en los dos últimos años.

El futuro de cada institución se debe decidir tras un análisis riguroso de sus recursos y se conoce que más adelante se evaluará la gestión y roll de empresas públicas en los sectores estratégicos. Mientras eso sucede, en el Observatorio de Gasto Público presentamos un balance gráfico bianual de los presupuestos de cada entidad, su nivel de ejecución presupuestaria de gastos, la carga en egresos de personal y su relación porcentual con el presupuesto anual.