Al cierre del primer trimestre de 2023, el uso de los recursos para inversión en el organismo es limitado, pero es aún menor la ejecución registrada por los ministerios de Salud, Educación e Interior.

Semanas atrás el país fue testigo de una pugna entre Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, y Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, por la asignación de recursos para el Sector Justicia. Además de los reclamos verbales, Terán interpuso una acción de protección con la que esperaba conseguir que el Gobierno pague USD 265,7 millones como medida de reparación a favor de 9.396 víctimas de la falta de recursos para la Justicia. Arosemena, además de afirmar que el reclamo carecía de validez, acusó a la Judicatura de no ejecutar bien su presupuesto.

Terán alega que la entidad no cuenta con suficientes fondos para cubrir las vacantes de jueces, conjueces, citadores, entre otros; además de que por falta de recursos no se han realizado concursos para nombrar jueces y fiscales, ni procesos de evaluación a los servidores judiciales. “Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de USD 31 millones”, cita un comunicado de la institución.

La Judicatura sostiene la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de aproximadamente USD 265 millones. Por su parte, el ministro de Economía Pablo Arosemena asegura que en los últimos 10 años se entregó USD 4.497 millones al sector justicia y se ha devuelto USD 500 millones a las arcas fiscales. Es decir, que solo se ha ejecutado un 85% de los fondos entregados.

El presupuesto de la Función Judicial

De acuerdo con la Constitución, la Función Judicial está compuesta por la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales, los tribunales y juzgados, y los juzgados de paz. El Consejo de la Judicatura es su órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. El servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales, entre otros, son órganos auxiliares de la Función, mientras que la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la misma.

Según los registros públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto asignado en los últimos 10 años únicamente para el Consejo de la Judicatura sumó USD 4.299 millones. La ejecución de ese dinero, de 2013 a 2022, llegó al 97%. Es decir, que USD 141 millones no se utilizaron.

Las cifras de ejecución anual son similares. En 2020, año de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, el presupuesto del Consejo de la Judicatura se ejecutó en un 97,5%; y, al año siguiente, en 2021, el uso de los recursos llegó al 99%. Al cierre del último año, en 2022, la ejecución presupuestaria de este organismo llegó al 97%.

En términos generales, el presupuesto se utilizó en gastos corrientes y de inversión: pago de sueldos, bienes y servicios de consumo o de larga duración, etc. Solo en 2022, por citar un ejemplo, el 87,6% del presupuesto anual se destinó al pago de remuneraciones de jueces, conjueces y otros servidores del Sector Judicial. En cifras netas: USD 315 de USD 360 millones se destinó al pago de remuneraciones.
 

En cuanto al uso de los recursos destinados a la inversión, al Plan Anual de Inversión de la Judicatura se le asignaron USD 777,7 millones de 2013 a 2022; y, en el mismo período, se invirtieron USD 658,8 millones. Esto equivale a una ejecución del 84,7% en 10 años.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2022 la Judicatura registró el nivel de ejecución de inversión más baja con un 47%. A ese año de cifras bajas le sigue 2020, año de la pandemia, con un 62%.

Ejecución presupuestaria en el primer trimestre de 2023

Ante las acciones legales iniciadas por el titular de la Judicatura, el Ministerio de Economía cuestionó que de los USD 7,5 millones destinados a inversión en el organismo judicial, apenas ha ejecutado un 2% en el primer trimestre de este año.

Las cifras son correctas. En los tres primeros meses de 2023, solo se ha utilizado USD 163.228 de un total de USD 7.474.403. Ese presupuesto se destina a tres proyectos puntuales: modernización tecnológica, automatización de servicios y la plataforma electrónica notarial, según los registros del Plan Anual de Inversiones 2023.

Sin embargo, sería muy pronto juzgar por resultados una gestión cuando apenas avanza una cuarta parte del año fiscal. De ser el caso, sería urgente una intervención en la Judicatura y también en otras entidades como el Ministerio de Educación, cuya inversión ni siquiera llega al 2%. Otro ejemplo cercano es el Ministerio de Salud que apenas roza el 3% al primer trimestre.

En la misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas apenas invirtió USD 50.377 de cerca de USD 11 millones, que equivale a menos del 1%. Y una menor inversión registró el Ministerio del Interior que en el primer trimestre no gastó un solo centavo.



Presupuesto general al primer trimestre de 2023

Las cifras lucen diferente cuando en los resultados del presupuesto anual del Consejo de la Judicatura, pues cerraron el primer trimestre de 2023 con un 23% de ejecución. Es decir, la entidad usó cerca de USD 80 millones de los USD 348 millones asignados para gastos corrientes y también de inversión. De acuerdo con su planificación anual, un 92% de sus recursos se destinan al pago de remuneraciones (USD 319 millones), siendo este el egreso más considerable.



El nivel de ejecución presupuestaria de la Judicatura supera por mucho a otras entidades del frente social como los ministerios de Educación y Salud, con el 18% y 16%, respectivamente. El Ministerio de Economía ha ejecutado el 9%; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un 7%; y el Ministerio del Interior, entidad clave en la gestión de la seguridad interna del Ecuador, solo ha ejecutado un 6% de su presupuesto anual en el primer cuarto del año.

De los registros oficiales destaca la Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que utilizado menos del 1% de los USD 71,9 millones asignados para 2023. En cifras netas esto es 452.143,35, equivalente a 0,63% de su presupuesto anual.