El primer semestre de 2025 dibuja un panorama fiscal desafiante para Ecuador, marcado por un déficit en el Presupuesto General del Estado (PGE) y una preocupante subejecución de recursos, especialmente en inversión pública, que alcanza niveles históricamente bajos.

Este desequilibrio se debe a una divergencia: mientras los ingresos del presupuesto se estancaron en USD 11.790 millones entre enero y junio de 2025, el gasto público aumentó un 16% en el mismo período, alcanzando los USD 12.997 millones.

El aumento del gasto en el semestre de 2025 se debió principalmente al incremento del pago de deuda y las transferencias no permanentes, especialmente hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta rigidez del gasto incluye también sueldos, pensiones y bonos sociales, lo que dificulta los recortes necesarios para equilibrar las cuentas públicas. De hecho, las cuentas por pagar del Estado alcanzaron los USD 1.602 millones, evidenciando problemas de liquidez.
 

¿Cómo va la ejecución del PGE?

La ejecución general del Presupuesto General del Estado en el primer semestre de 2025 alcanzó el 47%. Aunque esta cifra es superior a la observada en el primer semestre de 2024 (41,57%) y 2021 (43,93%), sigue siendo baja en comparación con 2020 (50,43%) y 2022 (49,77%).

Diversos ministerios, entre ellos los de Energía y Minas, Transporte y Obras Públicas, Interior, Trabajo y Turismo, presentan un bajo nivel de ejecución presupuestaria, con porcentajes que no superan el 23%.

Baja inversión de la Función Ejecutiva

La Función Ejecutiva registró un porcentaje de ejecución del 16,20% para su presupuesto de inversión y capital, es decir ejecutó USD 518 millones de USD 3.202 millones. Dentro de este rubro, la ejecución de Obras Públicas fue de apenas 10,55% y la de Bienes de Larga Duración (Propiedades Planta y Equipo) alcanzó un 5,56%. Este comportamiento ratifica la tendencia histórica de que la inversión pública es la primera variable en ser ajustada en épocas de crisis fiscal. 

¿Qué instituciones presentan una baja ejecución de inversión?

• Ministerio de Educación: Con un presupuesto codificado de USD 865,74 millones para inversión, solo ejecutó el 9,37%. 
• Ministerio de Salud: Mostró una ejecución de 11,86% de USD 422,98 millones
• Ministerio de Transportes y obra pública: Con un presupuesto codificado de USD 307,78 millones para inversión, ejecutó el 19,14%.
• Ministerio de Energía y Minas: Presentó una ejecución del 5,98% en inversión de USD 267,52 millones.
• Ministerio del Trabajo: Mostró una ejecución en inversión casi nula, con 0,20%.
• Otras entidades con muy baja ejecución en inversión incluyen: Universidad de Cuenca (2,55%), Universidad Regional Amazónica Ikiam (3,43%), Instituto de Investigación Geológico y Energético (4,39%), e Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS (4,81%).

Ingresos y financiamiento externo, ¿serán suficientes?

El Gobierno ha implementado y anunciado nuevas medidas para aumentar los ingresos y obtener financiamiento:

Créditos Multilaterales

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de USD 400 millones para prevención y respuesta a la violencia y criminalidad. Estos fondos se destinarán a áreas como la prevención del reclutamiento de menores por grupos criminales, modernización policial, combate al lavado de activos y reducción de la minería ilegal.
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) sumó USD 1.000 millones adicionales al crédito de USD 4.000 millones otorgado en 2024. 

Impuestos y tasas

• Se estableció una tasa de fiscalización para la minería que recaudará más de USD 200 millones al año, buscando financiar el control de la minería ilegal. La Cámara de Minería presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma que fijó la tasa.
• Electricidad: El alza de tarifas eléctricas para empresas de Alto Voltaje 1 (AV1) y Medio Voltaje (MV) generará USD 256 millones al año.
• Subsidios: La eliminación del subsidio al diésel para las flotas atuneras ahorrará USD 42 millones al año.

Aunque las nuevas medidas tributarias generarán ingresos adicionales por aproximadamente USD 498 millones, este monto podría no ser suficiente para cubrir el gasto público previsto para 2025. Esto se debe, en parte, a que en 2024 se registraron ingresos extraordinarios que no se repetirán, y en 2025 la producción y el precio del petróleo han disminuido. En este contexto, se prevé una necesidad de financiamiento. Sin embargo, aunque el riesgo país de Ecuador ha disminuido, aún se mantiene cerca de los 900 puntos, lo que complica la posibilidad de emitir nuevos bonos en los mercados internacionales.

En conclusión

El primer semestre de 2025 expone una crítica situación fiscal en Ecuador, marcada por un déficit creciente, un gasto público en expansión y una inversión pública recortada. Aunque se han tomado algunas medidas para aumentar los ingresos, estas son podrían ser insuficientes. La priorización del gasto corriente sobre la inversión productiva, una característica de la política fiscal procíclica ecuatoriana está teniendo un impacto directo en la capacidad del Estado para generar crecimiento a largo plazo.

El gasto corriente y las obligaciones de deuda dejan poco espacio para una reactivación económica basada únicamente en el gasto público. Una de las opciones para dinamizar la economía es atraer inversión privada nacional y extranjera, impulsando alianzas público-privadas y concesiones en obras de infraestructura. El desafío para el gobierno de Daniel Noboa durante este, su segundo mandato, será transformar estas medidas en una política sostenible.