Según la información pública disponible, apenas se usó un 44% de los recursos destinados a la inversión en proyectos de instituciones como el SNAI y los ministerios de Gobierno y del Interior.

La inversión del Gobierno para Seguridad no refleja en cifras lo que en el discurso se ofreció. Al cierre de 2022, la ejecución del presupuesto destinado para inversión en proyectos en este sector apenas llegó al 44%. Las cifras reposan en los registros de ejecución del Plan Anual de Inversiones 2022, disponibles en el portal del Ministerio de Finanzas.

Entre los 20 sectoriales receptores de la inversión pública está Salud, Educación, Bienestar Social; y, entre otros, el Sectorial de Asuntos Internos conformado por nueve instituciones a cargo del manejo de la seguridad en el país, como el Ministerio de Gobierno y el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad).

De los USD 105,7 millones destinados para todo este sectorial, solo se usó unos USD 47 millones para los diferentes proyectos en los 20 sectores, según el Plan Anual de Inversiones 2022.

Inversión por entidad

Ocho de las nueve entidades del Sectorial Asuntos Internos recibieron fondos públicos para inversión. Las dos instituciones que más recursos para inversión recibieron fue el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Comisión de Tránsito del Ecuador, con USD 31 millones y USD 20 millones, respectivamente.

En contraste, a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se le asignó USD 53.100; mientras que a la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional no se asignaron fondos para inversión, según los registros de ejecución del Plan de Inversiones de 2022.



En general, como ya se indicó anteriormente, el Sectorial de Asuntos Internos cerró 2022 con un cumplimiento del 44% de uso de los recursos asignados para su Plan Anual de Inversiones. Ocho de las nueve instituciones que conforman este Sectorial recibieron recursos para proyectos; y, de esos ocho, los dos mejores niveles de ejecución fueron: la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito -que recibió USD 53.100-; y, la Dirección General de Registro Civil, con 100% y 92%, respectivamente. En contraste, el Ministerio del Interior no muestra ejecución alguna.




El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad – SNAI

De acuerdo con el Plan Anual de Inversiones 2022, el SNAI contaba con cuatro programas: el de Reforma Institucional de la Gestión Pública, el de Restructuración de Sistema Nacional De Rehabilitación Social y dos programas de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social a Nivel Nacional.

Para el cumplimiento de los cuatro programas, el Gobierno dispuso un presupuesto de USD 31’128.375, financiados en su mayoría con préstamos externos; y, en menor porcentaje con colocaciones internas y anticipos de ejercicios anteriores. De ese monto, al cierre de 2022, solo se usaron USD 7,6 millones, equivalente a poco menos del 25%.



Los ministerios de Gobierno y del Interior

En inicio, al Ministerio de Gobierno se le asignaron USD 41,6 millones, pero a final del año ese monto se redujo a USD 11,5 millones. Una de las razones fue la división orgánica institucional ordenada en marzo por el Ejecutivo, misma que resucitó al Ministerio del Interior.

Bajo la premisa de “delinear decisiones que permitan generar seguridad y estabilidad democrática para la ciudadanía”, el presidente Guillermo Lasso anunció la escisión del Ministerio de Gobierno. Mediante Decreto Ejecutivo 381 se dispuso que el Ministerio de Gobierno se divida en: Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno.

Así, en lo referente al Plan Anual de Inversiones, USD 17 millones se asignaron para el Ministerio del Interior, monto que sería cubierto con préstamos externos y al final del año permaneció intacto. Dicho de otra forma: no usaron ni un centavo para los tres proyectos detallados en el Plan:



Por su parte, el Ministerio de Gobierno cerró 2022 con apenas un 30% de ejecución de los USD 11,5 millones asignados a dos programas para la desconcentración de los servicios de seguridad y el programa de reforma institucional.