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LUN, JUN 11, 2018

El cierre de los ministerios coordinadores, una medida sin mayor impacto

El cierre de los ministerios coordinadores, una medida sin mayor impacto

El Presupuesto General del Estado no evidencia una disminución tras la reducción de entidades.

Dos días después de haber sido posesionado como presidente, Lenin Moreno ordenó, mediante decreto ejecutivo, la eliminación de cuatro de los seis ministerios coordinadores, la transformación de uno y la fusión de otro. Con esto, se eliminó unas instituciones que durante la Presidencia de Rafael Correa habían sido altamente cuestionadas. Sin embargo, ¿representa realmente un ahorro? La respuesta es no.

El Decreto Ejecutivo 7, emitido el 26 de mayo de 2017, ordena la eliminación de los ministerios coordinadores de la Producción, Empleo y Competitividad; de Seguridad; de Conocimiento y Talento Humano, y de Sectores Estratégicos. Además, determina la fusión del Ministerio Coordinador de la Política Económica con el Ministerio de Finanzas y la transformación del Ministerio de Desarrollo Social en la Secretaría del Plan Toda Una Vida. 

Sin embargo, los rubros de ejecución del Presupuesto General del Estado no evidencian una rebaja después de esta medida. Al revisar los gastos en personal del Gobierno Central, por ejemplo, se puede ver que el rubro correspondiente a los cuatro primeros meses de 2017 es menor al del mismo periodo de 2018. Es decir, el recorte de personal de los cuatro ministerios coordinadores cerrados no generó menos egresos en esta categoría.

Esto se debe a que los cuatro ministerios desaparecidos eran instituciones más bien pequeñas. Tenían menos de 150 trabajadores cada uno y entre todos sumaban 489 empleados a abril del 2017, de acuerdo a los reportes de remuneraciones. La información de estos ministerios reposa en el Archivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República y ya no es de libre acceso por internet (revise los listados de personal entregados aquí).

Los sueldos de esos funcionarios significaron USD 644 mil en abril del 2017, es decir menos del 10% de los que se paga por sueldos en todo el Gobierno central mensualmente. Y el personal es el principal gasto en el que incurrían estos cuatro ministerios; el resto del presupuesto es mucho menor.

Con los otros dos ministerios coordinadores tampoco hubo un ahorro. El Ministerio Coordinador de la Política Económica tenía 105 funcionarios a enero de 2017. El Ministerio de Finanzas, en abril de 2017, tenía 513. Y después de la fusión de estas dos instituciones, el Ministerio de Economía y Finanzas, como pasó a llamarse, tenía 643 servidores en su nómina a diciembre del 2017 y 652 a abril de 2018. Es decir, el personal solo cambió de dependencia y la nueva institución ya fusionada hizo más contrataciones.

En el Ministerio de Desarrollo Social pasó algo similar. A abril de 2017, tenía 142 funcionarios. Pero a diciembre del 2017, cuando ya pasó a llamarse Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, tenía 471, y a abril pasado, 585.

Es decir, el cierre de los ministerios coordinadores no resultó en ahorro, sino por el contrario en más gasto. Además, hay que considerar que en la Presidencia se crearon varias consejerías (cuyos titulares tienen rango de ministro, es decir que ganan USD 4.959 mensuales) para apoyar al Presidente en las tareas que antes estaban a cargo de los ministros coordinadores.

Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Patricio Rivera fueron designados consejeros a los pocos días de posesionado Moreno. Después presentaron sus renuncias. A abril del 2018, tres personas aparecen en el distributivo de personal de la Presidencia como consejeros: Juan Sebastián Roldán, Germán Torres y Mario Burbano de Lara. Sin embargo, durante el mes de mayo, los tres renunciaron a sus cargos y fueron reubicados por el presidente Moreno como titulares de ministerios y en la Secretaría Particular de esa institución. Hasta el cierre de este informe, el Primer Mandatario no ha nombrado a nuevos consejeros.

Hace más de un mes, el Gobierno anunció nuevas fusiones y eliminaciones de ministerios y empresas públicas. Con estos cambios, se espera “optimizar” el sector público. No obstante, no se han dado cifras sobre el ahorro o gasto que estas medidas significarían.


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