Se dispuso la destitución de 60 funcionarios y se emitió nueve informes con indicios de responsabilidad penal.

Un total de 44 auditorías fueron realizadas por la Contraloría General al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Como resultado se establecieron medidas administrativas, glosas e informes con indicios de responsabilidad penal, en cinco áreas.

De las 44 auditorías, todavía se encuentran en 25 en ejecución y otras 19 fueron aprobadas. Estas últimas se enfocaron en las áreas de talento humano, administración de fondos, estudios actuariales, infraestructura hospitalaria y adquisición de bienes por parte de la entidad.

Fruto de este trabajo se determinaron responsabilidades administrativas por más de un millón de dólares y glosas por USD 88 millones. Además, se ordena la destitución de 60 funcionarios y se remitieron a la Fiscalía General del Estado un total de nueve informes con indicios de responsabilidad penal.

PRIMER CASO: La construcción de hospitales

 

Se auditó la construcción de los hospitales Los Ceibos, Machala, San Francisco, Quito Sur, y el centro médico La Mariscal, y se hallaron irregularidades en las contrataciones realizadas bajo la figura de régimen especial, pues no contaban con sustentos técnicos, económicos y legales. No se contó con estudios completos, planos y especificaciones técnicas, necesarias para el funcionamiento adecuado de los hospitales construidos.

Tampoco se cobraron multas por incumplimientos en cronograma de trabajo a las empresas contratantes. Adicional a esto, se firmaron convenios de crédito para financiar las construcciones, a pesar de contar con las certificaciones presupuestarias, lo que generó un pago excesivo de obligaciones financieras.

SEGUNDO CASO: Las administradoras de fondos

 

El análisis de los equipos de auditoría cubrió las operaciones en los fondos de Riesgos del Trabajo, Salud Individual y Familias, Pensiones y el Seguro Social Campesino. A pesar de la recomendación de Contraloría para que se fije el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IESS, esto no se cumplió y tampoco se definió la forma de pago.

Por otra parte, para cubrir las modificaciones realizadas en las tasas de aportación y la eliminación del 40% del aporte estatal, se efectuaron desinversiones que afectaron la sostenibilidad de los fondos.

En cuanto a las inversiones del IESS, se identificó que gran parte está concentrada en Títulos de Deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas. Adicionalmente, no se encontraron controles sobre bienes de larga duración e inmuebles de propiedad de los fondos.

También se detectó el pago de beneficios a personas que no cumplen los requisitos, debido a bases de datos desactualizadas y descoordinación con el Registro Civil.

TERCER CASO: Medicamentos caducados

El examen especial a la adquisición de medicamentos, fármacos, insumos y dispositivos médicos señala que no se canjearon ni devolvieron medicamentos caducados para el tratamiento de diabetes, cáncer y VIH. No se efectuaron gestiones para recuperar fármacos faltantes en bodega y tampoco se cobraron multas por USD 2,2 millones debido por concepto de incumplimientos contractuales.

CUARTO CASO: El IESS se suma a al cobro ilegal de “diezmos”

Con el informe de Contraloría, el IESS pasa a ser la segunda institución en donde se detectan descuentos no autorizados en los sueldos de funcionarios públicos. El polémico caso del cobro de “diezmos” se dio a conocer, por primera vez en la Asamblea Nacional y producto de ello varios legisladores fueron destituidos.

El informe presentado reveló que se realizaron descuentos en las nóminas mensuales sin autorización de los servidores públicos. Estos recursos fueron transferidos a movimientos políticos y a funcionarios de la institución. Asimismo, se contrató personal que no cumplió los requisitos legales para ocupar cargos en el nivel jerárquico superior de la entidad y se pagaron remuneraciones y valores de afiliación a exfuncionarios de la entidad.

El número de servidores del IESS se incrementó en 17.743 y únicamente 13.661 contaron con la aprobación del Consejo Directivo para su contratación.

QUINTO CASO: Estudios actuariales sin sustento legal y “frágil” sostenibilidad de los fondos

Sobre los estudios actuariales, Contraloría estableció que carecen de sustento legal y no se aplicaron medidas para mantener el equilibrio financiero de los fondos.

No se aplicaron metodologías adecuadas, ocasionando una subestimación del déficit en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2053, en al menos USD 124.000 millones. El aparecimiento del déficit estaría subestimado al menos en 12 años.

Una situación similar se evidenció en el déficit del Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar, estimado en USD 14.000 millones, aspectos que evidencian que a 31 de diciembre de 2013, la sostenibilidad financiera de los fondos “ya era frágil”.

Finalmente, establece que la distribución de las tasas de aportación ocasionó una reducción en el patrimonio de los fondos de Pensiones y de Riesgos del Trabajo.