Para subir el sueldo a los maestros será necesario un ajuste fiscal en otros sectores o la búsqueda de financiamiento para cerrar el 2021, lo que estará en manos del nuevo gobierno electo.

El pasado 19 de abril se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, que la Asamblea Nacional aprobó el 9 de marzo. Dejando de lado lo positivo o negativo en materia educativa, esta ley tiene un impacto significativo en las cuentas fiscales del Ecuador. La norma establece un incremento en la remuneración de los docentes.

El artículo 115 de la Ley determina que la escala salarial de los docentes será establecida por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector, en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional, cuyo piso “no será inferior al equivalente a dos puntos cinco salarios básicos unificados”, cita. Hablar de 2.5 salarios básicos equivale, al momento, a USD 1.000 mensuales, teniendo como referencia que, hasta la promulgación de la norma, el salario de los docentes fue de USD 817. El nuevo piso definido en la Ley equivale a un incremento del 22% o al menos USD 183 mensuales.

En Ecuador existen 166.658 profesores en escuelas y colegios fiscales, de los cuales 131.984 tienen nombramiento. Esto, según cifras oficiales hasta junio de 2020. Si bien la Ley establece que en el correspondiente reglamento se determinará distintas escalas salariales, si ese incremento se aplicara solo para docentes con nombramiento sería de al menos USD 340 millones anuales, considerando ingresos adicionales por concepto del décimo tercer sueldo y el aporte patronal.

La misma norma establece un plazo de 15 días, contados a partir de su publicación, para que se reincorpore a los docentes que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los plazos corren contra el tiempo. La actual ministra de Educación, Monserrat Creamer, explicó que antes de modificar las escalas salariales se revisará los informes aprobados por la Asamblea Nacional.

El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró que este o el siguiente gobierno tendrá que buscar financiamiento por al menos USD 1.000 millones para culminar este año y cubrir este y otros nuevos gastos. Pozo dijo no estar en contra del incremento salarial, pero afirmó que al momento el país no cuenta con los recursos para cumplir con esta exigencia. “Es inconstitucional plantear incremento de gastos sin financiamiento. No solamente es el aumento salarial para el magisterio, sino también la nueva forma de jubilación”, manifestó. “Esto no solo tiene impacto en el presupuesto del Estado, sino en el ya complicado sistema pensional de la Seguridad Social”.

El presupuesto en Educación

El presupuesto en Educación se redujo de USD 5.153 millones en 2017 a USD 4.569 millones en 2020. Para el 2021, con un presupuesto prorrogado por tratarse de un año electoral, al sector Educación se destinó USD 4.494 millones. Del presupuesto asignado, al cierre del primer trimestre de 2021 el gobierno saliente ya utilizó un 26%.

De los cerca de USD 4.500 millones en presupuesto, USD 2.200 se destina al pago de sueldos, incluida la parte administrativa. La Ley establece también que al sector se le debe asignar un presupuesto equivalente al 6% del PIB. Esto representaría un gasto adicional de USD 1.500 millones.

Un aumento de al menos el 22 % del básico del Magisterio requerirá un gasto adicional de cientos de millones anuales. Este valor ampliará el déficit fiscal actual por encima de los USD 6.000 millones. Además, en el futuro el aumento del gasto será constante en la medida que se asocia con la evolución del salario básico unificado.

En los últimos cuatro años, el Gobierno ecuatoriano redujo el presupuesto destinado a educación, salud y trabajo. Conforme los registros de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, 2020 fue el año en el que menos recursos se destinaron para las instituciones que conforman estos tres sectores. En contraste, se asignó un presupuesto mayor para bienestar social.